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El Arbitraje en Guatemala (Spanish)

Updated: Oct 25

Este artículo ha sido elaborado por Juan Pablo Véliz Escobar y Paula Ibargüen Ponce, asociados del departamento de arbitraje de Aguilar Castillo Love Guatemala. AGUILAR CASTILLO LOVE


This paper is available in ENGLISH, PORTUGUESE and SPANISH

El Arbitraje en Guatemala[1]


I. Preámbulo


En países como Guatemala, donde el acceso a la justicia se encuentra mermado por la creciente mora judicial y la falta de certeza jurídica por los criterios cambiantes de los órganos de jurisdicción estatal; el arbitraje se ha presentado como una solución idónea para la resolución de sus disputas. Este método alterno de resolución de controversias no es uno nuevo para la jurisdicción guatemalteca. Desde hace ya varios siglos, el ordenamiento jurídico de Guatemala reconoce y regula el arbitraje desde un grado constitucional; y cada vez más a través de distintas normas de rango inferior pertenecientes a sectores e industrias en concreto.


El objetivo del presente escrito, más allá de ser una disertación exhaustiva sobre el arbitraje en Guatemala, busca brindar al lector un panorama general sobre la regulación del arbitraje a nivel de legislación general (i); regulación específica según la materia en cuestión (ii); y, por último, las áreas que han sufrido reformas normativas que contemplan la posibilidad de someter disputas al arbitraje (iii).


II. El arbitraje y su regulación general en Guatemala


Regulación Constitucional


Al igual que en otros países de la región latinoamericana, la facultad de impartir justicia, típicamente se ha asociado como un poder exclusivo de la jurisdicción estatal. Sin embargo, y como punto de partida, resulta necesario recordar que la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 –CPRG- al igual que sus versiones anteriores, contempla diversas manifestaciones en pro del arbitraje.[2] La Constitución guatemalteca reconoce que la labor jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.[3]En este sentido, la República de Guatemala ha otorgado reconocimiento constitucional para que entes ajenos al Organismo Judicial [tribunales arbitrales] puedan impartir justicia. Esto ha permitido el reconocimiento del arbitraje en virtud de la creación de una ley promulgada por el Congreso de la República confirmando tal extremo.


La Ley de Arbitraje de Guatemala


La Ley de Arbitraje de Guatemala –LAG-, reconoce desde su apartado considerativo, la necesidad imperante que las personas puedan acudir al arbitraje como una respuesta a la sobrecarga que tenían -y siguen teniendo- los tribunales de justicia. Siendo una opción celera y eficiente para alcanzar la justicia deseada:


«Que un gran número de Estados de la comunidad jurídica internacional, el desarrollo del arbitraje ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos, ya que dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que, además, ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio, sean resueltos realmente con celeridad y eficacia».


«Que la sustitución del régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje, deviene no solo de la necesidad de modernizar las normas pertinentes para lograr los beneficios ya citados, sino que se hace también una necesidad a la luz de los tratados y convenciones internacionales en materia de arbitraje que la República de Guatemala ha suscrito y ratificado […] haciéndose por ende imperioso lograr la adecuación de las normas internas con las de origen internacional, para obtener un sistema armónico y progresista en materia de arbitraje».


La Ley de Arbitraje está inspirada en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional [CNUDMI]. Tal y como se advirtió desde un inicio, escapa del alcance de este escrito describir a detalle todas las facetas que implica la regulación arbitral en Guatemala. Sin embargo, resulta de suma importancia realizar las siguientes acotaciones:


1. Según la LAG no podrán ser objeto de arbitraje:[4]

i. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo aquellos aspectos derivados de su ejecución.

ii. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición.

iii. Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos.

2. Los laudos nacionales e internacionales son de obligatorio cumplimiento para las partes. Sin embargo, el único recurso que procede contra un laudo arbitral que se pretende ejecutar en jurisdicción guatemalteca es el recurso de revisión[5]. La revisión del laudo no puede ni debe modificar el fondo de lo resuelto por el Tribunal Arbitral. En esencia, la revisión se limita a confirmar el cumplimiento o no de garantías procesales y/o de disposiciones de orden público de Guatemala.

3. Los laudos arbitrales que sean dictados en el extranjero serán reconocidos y ejecutados en Guatemala de conformidad con la Convención de Nueva York, la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de Panamá o cualquier otro tratado que regule esta materia del cual Guatemala sea parte y resulte aplicable al caso en cuestión.[6]


III. Regulación del arbitraje en materias específicas


El procedimiento y principios aplicables al arbitraje se encuentran regulados en la LAG. Además de ella, otras muchas leyes contemplan el arbitraje como el mecanismo alternativo para la resolución de determinadas controversias. Esto ha producido que la arbitrabilidad de controversias se amplíe a otras materias más específicas, de conformidad con las necesidades que algunas industrias en especial exigen y para el cumplimiento de determinados objetivos que otras requieren para la atracción de inversión extranjera o nacional.